Bilbao, 7 de febrero de 2019. Alberto Carril y Fernando García, de Ciudadanos Euskadi, se entrevistaron ayer miércoles día 6, con Víctor Petuya, Miriam González y Aitor Mujika, representantes de las federaciones de familias de la escuela concertada FAPAE (AICE-IZEA), FECAPP (Kristau Eskola) y BIDELAGUN (Centros Diocesanos) respectivamente. Estas asociaciones agrupan a unos 120.000 alumnos en nuestra comunidad, un 50 % del total del alumnado escolarizado en Vizcaya, afectados por las movilizaciones del colectivo de docentes para la actualización de su convenio colectivo.
En el encuentro, desarrollado en un entorno cordial y productivo, se trataron tanto cuestiones generales como las inquietudes de las familias alrededor del conflicto laboral. A este respecto se convino en hacer un llamamiento conjunto a la responsabilidad de las partes, y uno específico al Departamento de Educación del Gobierno Vasco para mediar entre el legítimo derecho a la huelga y el derecho fundamental a la Educación.
En este sentido y recogiendo las demandas realizadas por los representantes de las familias, Alberto Carril recalcó el compromiso de Ciudadanos con la Educación concertada. Un formato de escuela asimilado a la pública a través de los correspondientes conciertos, que asume la tarea de extender el derecho a la Educación a toda la ciudadanía y colabora, con su oferta, a la libre elección de modelo educativo y su adaptación a las condiciones sociolingüísticas del alumnado y su entorno. Todo ello de acuerdo a los decretos de desarrollo curricular del Gobierno Vasco.
Fernando García insistió en la necesidad del cumplimiento de los compromisos adquiridos por la Administración con los centros de iniciativa social. A corto plazo, colaborando en la resolución del presente conflicto. A medio y largo, sosteniendo su compromiso de asignación de recursos a un modelo eficiente y demandado por nuestra sociedad. Un compromiso imprescindible para desarrollar, diversificar y adaptar adecuadamente el proyecto educativo a la demanda social.
Ciudadanos hace extensiva esta solicitud para con la propia escuela pública. Especialmente a la vista de un giro demográfico en el País Vasco que ya es patente y que se concretará en un descenso del 30 % en las matriculaciones en los próximos diez años. Un cambio social resultado de las decisiones tomadas en su momento por los mismos partidos institucionalizados que nos dirigen ahora, que comprometerá la viabilidad de muchos centros y que debería recibir, esta vez, la atención que merece.
